LAS FACULTADES DE DERECHO

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Cuando se piensa en el estropicio a que ha llegado la Administración de Justicia en Colombia, con particular énfasis, doloroso, en las llamadas Altas Cortes, así como el gremio de los abogados, vienen a la mente una multiplicidad de causas que van mostrando un círculo vicioso: cada una de ellas causando a la otra, y a la inversa. Y, desde luego, si uno desea profundizar en el fenómeno causal tarde que temprano, al romper ese círculo, tendrá que llegar a la primera: la familia.
Pero como eso implicaría un revolcón social de sin iguales proporciones, parece más adecuado y, obvio, más práctico y fácil de remediar, centrarnos en la causa que origina el desprestigio del mundo jurídico en Colombia: las Facultades de Derecho. Cualquiera tiene que asombrarse de la cantidad de Facultades de Derecho que pululan, como hormigueros, a lo largo y ancho del país, incluyendo las llamadas sedes regionales. En Colombia se vomitan abogados semestral y anualmente en cantidades que causan indigestión intelectual. Entre 16 y 100 por cada cien mil habitantes es el promedio de los abogados en países serios. Colombia tiene ¡380! Claro, después nos quejamos de quienes prevarican, se autosatisfacen económicamente, incurren en cohechos y peculados, dilatan procesos, falsifican documentos, alientan la mentira del testigo, fabrican pruebas, participan del nepotismo judicial, roban honorarios, pierden procesos por incapacidad jurídica y, muchas veces, mental, entronizan el dinero y el poder como sus dioses. En fin, asqueroso se está convirtiendo el mundo del Derecho en Colombia.
Ante los cegatos e indiferentes ojos del Gobierno y del Congreso, se crean sin ton ni son Facultades de Derecho, con estándares absolutamente deficientes en cuanto a infraestructura, conocimientos, investigación, capacidades y valores. Casos se han visto en que cuando una Facultad es visitada por funcionarios del Ministerio o por los llamados pares, corre el Decano a pedirles a los profesores que presten libros para la “biblioteca” y así pueda estar “presentada” en la visita. Una Facultad de Derecho, por sus bajos costos, es una fuente de ingresos cómoda para la Universidad. Por algo se habla tanto de las Facultades de garaje, que no son pocas.
Allí comienza el mal, pero no termina. Porque la realidad está mostrando que las Facultades de Derecho, aun las más prestigiosas, no son exigentes, al máximo, con el conocimiento: profesores escogidos amañadamente, vergüenzas de la educación; estudiantes cuyo coeficiente intelectual deja mucho que desear, pero que sorprenden por haber sido capaces de ser bachilleres; investigación nula. Y qué no decir de las llamadas Especializaciones, otra apetitosa fuente de ingresos: cualquiera puede especializarse porque simplemente no reprueba. Y no reprueba porque a las Facultades les da miedo adquirir fama de exigentes en razón de que cada vez serán menos los matriculados: nadie está dispuesto a gastarse unos millones para quedarse sin diploma que, es en la mayoría de los casos, la real motivación para ingresar a una Especialización. No para adquirir conocimientos, sino para cumplir un paso más en la acreditación de  su currículo a fin de conseguir empleo o ascender en él. ¿Qué hace, por ejemplo, un Fiscal especializándose en las acciones de nulidad y resolución, sino es con ese exclusivo propósito?
La autonomía universitaria tiene un límite: la calidad. Si no hay calidad no puede existir autonomía. Ninguna Universidad está constitucionalmente autorizada, por muy prestigioso que sea su nombre, para graduar montoneras de abogados incompetentes en todo sentido: algunos ni siquiera saben escribir medianamente y, por supuesto, casi nunca leen. ¿Es ese el abogado colombiano? Pensamos que buena parte sí. La realidad lo muestra. Esos abogados son los jueces, los litigantes, los asesores del mañana. De ellos dependen la ley y la justicia. Y esto significa, lapidariamente, que el desorden social, incontestable causa de violencia, es, en gran medida, originado por la pléyade de abogados que en aberrante multiplicación exponencial arrojan las Facultades de Derecho.
Toda persona, no faltaba más, tiene derecho a ser abogado. Pues bien, que ingrese a la Facultad, pero que la sude para graduarse, es el lema que debería ser el norte de todas las Facultades de Derecho. Pero no, vaya que un profesor sea exigente para ver el alboroto que se arma.
La mediocridad del universo jurídico colombiano es lamentable. Muy lamentable. Y nadie toma cartas en el asunto.

HERNAN DARIO VELASQUEZ  GOMEZ.

Créditos: Controversia Jurídica