LA CORTE CONSTITUCIONAL SUPRIME VIA A LA SOLUCION DE LA CRISIS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SOLO UNA CONSTITUYENTE SE PRESENTA COMO ALTERNATIVA

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EL ACTO LEGISLATIVO DE “EQUILIBRIO DE PODERES”  ERA UNA SALIDA CONSTITUCIONAL A UNA NECESARIA Y URGENTE REFORMA  A LA JUSTICIA FRENTE A LA CRISIS POR LA CUAL ATRAVIESA.

La administración de justicia  en  Colombia  tiene actualmente  el 83%  de concepto negativo   de credibilidad,  asunto  que interpreta  de forma  evidente  una concepción  del ciudadano  de como   considera  se le resuelven   el acceso a sus derechos  y  de forma especifica  la calidad  que el estado colombiano ofrece  para  prestar un servicio publico  para la solución de sus conflictos  de forma integral,  expedita,   gratuita y sin congestión.

Desde la existencia  del Consejo Superior de la  Judicatura  en el año 1991, a la fecha  han sido múltiples los fracasos en la creación de  políticas de estado que configuren  medios necesarios  y  eficientes para  el acceso del  ciudadano   a la administración de justicia,  los factores específicos  son  su  tren burocrático, su falta de compromiso para  constituir una infraestructura por lo menos  decente  donde funcionen los despachos y tribunales, una integración informativa  de  todos los despachos  del país en una  red central con acceso al ciudadano y los abogados, y por decir lo mas  evidente y  necesario  una formación profesional  humana  de sus empleados y funcionarios  prestos  como debe ser a cumplir el compromiso que  se les delega por ley,  vinculados mediante concurso de méritos cualquiera sea su cargo.

Se ha incrementado en los últimos  5 años con las reformas  a la organización y creación de despachos,  los denominados “encargos” o  nombramientos de “provisionalidad” entregados  a personas  que no cumplen los requisitos legales para  los cargos designados, cuando deben ser provistos por  los concursos respectivos, sobre los cuales valga decir  han sido desconcertantes y mal direccionados.

El presupuesto de la rama judicial, no ha sido  bien administrado, ha faltado gerencia y los costos para  el  presupuesto nacional  no compensan con  la eficiencia y calidad  del servicio, muchos de los dineros  pasan  en gastos administrativos y en pagos de contratos de servicios  como arrendamientos  de edificios, locales  y oficinas,  sin haber  desarrollado una política de  construcción de infraestructura por lo menos en las ciudades de mayor  congestión  del servicio de la administración de justicia,  y los que actualmente existen  preocupan por su abandono y  deterioro; no existen impulsos a  programas de  capacitación y  formación  frente a la implementación del sistema de oralidad  tanto a funcionarios  como a abogados en ejercicio, y la tecnología implementada para este sistema es  deficiente y precaria especialmente  en  las Municipios  fuera de las cabeceras de los distritos judiciales, no existe un control eficaz  por parte de la rama judicial  sobre los empleados y funcionarios  en la prestación del servicio  frente al ciudadano,  cumplimiento de horarios y decencia  en su  conducta  personal y profesional en sus actividades.

Con  el acto  legislativo de “equilibrio de poderes”,  se lograba dar una salida  a la salida  de la crisis con la supresión del Consejo Superior de la Judicatura,  y la creación de  una institución  como la Sala de Gobierno Judicial,  con  sentido de gerencia y administración, garante en el desarrollo de políticas publicas  sobre la administración de justicia y  con una escasa burocracia para el cumplimiento de sus  compromisos, por lo menos  su origen presagiaba un importante avance al no tener origen  sus miembros en el  legislativo o en el ejecutivo,  significando una posibilidad de independencia de la administración de justicia  de tanta  trascendencia dentro de Estado de Derecho.

La afectación de  las  instituciones  de  la administración de justicia por  la politiquería, las influencias de los grupos económicos y financieros, la gran industria,  las multinacionales, los grandes bufetes de  abogados, el lobby   como un recurso bajo y  grotesco, el amiguísimo, la puerta giratoria,  el “yo te elijo tu me elijes”, la abundancia de nexos de familia entre funcionarios y empleados,  han puesto a una de las ramas del poder publico al borde de una crisis insuperable  desde  el año 1991  con la nueva  constitución política,   la cual hoy se pone  en una situación  cuya única salida es la CONSTITUYENTE, pues no existe otra vía  diferente  para  reformar  los errores cometidos  dentro de la actual  constitución nacional  del año 91.

Los abogados en ejercicio nos declaramos en estado de máxima alerta para conocer el final de la decisión por parte de la Corte Constitucional sobre la ley de equilibrio de poderes, que    deja un aliento esperanzador  al suprimir  la SALA DISCIPLINARIA  del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales, y deja vigente  el parágrafo  de la  creación de la  COLEGIATURA NACIONAL  con competencia disciplinaria sobre los abogados,   sería la menos una  respuesta  positiva  dentro de lo preocupante que deja la decisión de seguir  con la Sala Administrativa,  quien por decir se encuentra avocada  a esta misma darse propia reforma, para que la administración de justicia no colapse  en un termino cercano.

RODRIGO ARRUBLA CANO

Presidente Nacional – Conalbos