DECLARACION PÚBLICA SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA

 

logoweb 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL CONGRESO  VIOLAN     CONSTITUCION POLITICA  PARA HUNDIR   ACTO LEGISLATIVO SOBRE  REFORMA A LA JUSTICIA   QUE    CONJUNTAMENTE IMPULSARON.

 LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEGUIRA  EN ESTADO DE POSTRACION Y  DESOLACIÓN.

 

EL COLEGIO NACIONAL  DE ABOGADOS DE COLOMBIA- CONALBOS ,  denuncia ante la opinión  pública nacional e internacional, a  los medios de comunicación,  organizaciones no gubernamentales, asociaciones y colegios de abogados nacionales e internacionales, a los abogados colombianos   que el día  28 de junio  del presente  año mediante un acto de alianza  de partidos gubernamentales  entre el  Congreso Nacional  y  el  Presidente  de la Republica  de Colombia,  en  un desconocimiento de la Constitución Política  Nacional  de 1991, han   resuelto    mediante actos ilegales  al margen de nuestra legislación  colombiana,  desconocer un ACTO LEGISLATIVO  el cual curso  todos los tramites de orden legal y Constitucional,   encontrándose  pendiente   de  la   promulgación en  LA  GACETA OFICIAL   como es   el procedimiento de orden  constitucional  acorde con el artículo 375 de la Constitución Política  de Colombia.

El señor  Presidente  Dr. Juan Manuel Santos,   dio la orden perentoria  al CONGRESO NACIONAL el   día   21 de junio  a las  10.45 p.m.  vía  medios de comunicación  de archivar  el  ACTO LEGISLATIVO “bajo su responsabilidad política  y jurídica por  las objeciones que he presentado y las sesiones extraordinarias que he convocado” y   para  el efecto  procedió    sin sustento de orden constitucional  a  “objetar”  este proyecto     citando    a   “sesiones extraordinarias”   para   el día 27 y 28  de junio,   todo con  el  único y exclusivo  objetivo   de  hundir  la  REFORMA A LA JUSTICIA  que su mismo gobierno presento  e impulso  en forma amplia y  concertada    dentro  de  las dos  respectivas legislaturas.

EL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS- CONALBOS,  haciendo uso de la  invitación que  inicialmente  para el efecto  se nos curso en el año 2010,    participamos  con algunas propuestas  cuando en su momento se integró una comisión  presidida por el ex magistrado ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ,  y en  esta  forma precisa  impulsamos       la creación  dentro del proyecto  de  la COLEGIATURA NACIONAL para  los  abogados colombianos,   logrando  verificar     la forma amplia y  completa   como  se elaboró el  proyecto  el mismo que  fue entregado   al Ministro de Interior y Justicia  Fabio Valencia Cossío,  proyecto serio, novedoso   en sus propuestas  e integrador de elementos que a la postre constituían  un principio    de búsqueda y soluciones   para   la eficacia, eficiencia, acceso   y   descongestión de la administración de justicia   la cual  por decir lo menos  actualmente dentro de 86 países   la nuestra esta  dentro de los  7 últimos  conjuntamente  con   Haití, Irak, Afganistán, Somalia  y otros.

 

El  proyecto inicial  fue el mismo  que el señor Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro  Germán   Vargas Lleras presentaron    al  Congreso de la  Republica,   y   a la postre empezó su tramite  en  el año  2011  ante el Congreso  Nacional  previa  una difusión nacional  amplia   realizada por las comisiones constitucionales de Cámara y  Senado, lo cual llevo  a diversas  reuniones privadas y publicas,  mesas de justicia   y foros  en universidades y en el  mismo recinto del   Congreso,  con la participación directa y personal del Ministro de Justicia y  su  Vice Ministro Dr. Pablo Felipe Robledo, al igual    Magistrados  de la Corte Suprema de Justicia,  Consejo Superior de la Judicatura y del  Consejo de Estado, quienes conjuntamente con los citados,  visitaron  cerca de  10 ciudades en Colombia,  exponiendo la necesidad  de impulsar y tramitar  la precitada reforma;  sobre la misma ya se vislumbraba en la oscuridad y al calor del  debate una serie de intereses decadentes que se fueron conformando por  diferentes instituciones  con la firme intención  de manipular, tramar, conspirar, infectar, y utilizar  el proyecto en beneficio particular y de intereses y privilegios bajos y  perversos  alejados de lo que constituye una autentica y efectiva   administración de  justicia moderna  dentro de un  Estado Social del Derecho.

 

Cuando se llevo a efecto la aprobación  del proyecto  en la PRIMERA  LEGISLATURA por el Congreso   en el   segundo semestre del año  2011,  este  ya estaba inoculado   de elementos nefastos y  ajenos a su misma naturaleza tales  como el FUERO MILITAR presentado por el mismo gobierno nacional,   el incremento  del periodo a los actuales magistrados de los 12  y 70 años, las dos instancias para los aforados,  suprimiendo  la  competencia legal  establecida para la Fiscalía General de la Nación,   sin ninguna norma  transitoria para quienes actualmente  están siendo juzgados por la Sala  Penal de la Corte Suprema de Justicia,   y la misma  extensión de este fuero a otros  funcionarios burócratas  del Estado quienes  antes no tenían esta calidad;  todo con conocimiento  profundo, completo, integro del señor Ministro de Justicia,  quien siempre personalmente estuvo  presente dentro de las deliberaciones y votaciones,  e igualmente  estuvieron  delegados   de las altas Cortes, quienes tenían  amplio acceso  al  recinto  de  la comisiones, la secretaría  y  las plenarias, donde tuvieron la oportunidad de hacer  un completo  lobby y   expresarse  públicamente  ante los congresistas y la opinión publica nacional  con   diversos criterios por demás  personalistas y  equívocos  sobre lo que  constituye una  administración de justicia, los que  estimaron supuestamente  necesarios para  el proyecto de reforma  en mas de las veces alejados de los presupuestos señalados  dentro  del proyecto presentado inicialmente por  gobierno  nacional y sin  propuestas serias  ante el  objeto  esencial  del proyecto,

 

El gobierno nacional,  el  Congreso, las altas Cortes, el Consejo Superior  de la Judicatura,  conocían como los que más,  la forma, contenido y tramite  del proyecto desde su inicio  en primer debate hasta el final de la precitada REFORMA, inclusive  hasta cuando ya    en el  momento  final  del octavo debate   se daba por tramitada y convertida  esta  en un ACTO LEGISLATIVO, donde el  señor Ministro salió  a  congratularse ante los medios,  presentado  la reforma  como un ejemplo  para el país  y  la administración de justicia,  quedando  pendiente  su tramite  final   como  lo  era  para   el  efecto  únicamente     su  promulgación según el articulo 375 de la Constitución Política nacional.

Como  abogados colombianos defensores del Estado Social de Derecho, en consecuencia  respetuosos de la Constitución y la ley, no podemos  pasar por desapercibido  el final trágico de  la REFORMA y menos  los actos violatorios de la CONSTITUCION  realizados por el  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  y  el  CONGRESO NACIONAL, con el desconocimiento de normas   como el artículos  149 y  375   de la Constitución Nacional y con argumentos  sin seriedad jurídica  en las “objeciones”  como hacer referencia  a jurisprudencias inexistentes, y darle  una interpretación  equivocada por  analogía al reglamento   interno del Congreso por encima de la misma  Constitución, llegando al punto de  considerar el mismo Fiscal General, Dr. Eduardo Montealegre en la revista  Semana  esto como una “herejía  constitucional”,  y la misma  revista los denomino   como uno de los  “TRES GOLPECITOS DE ESTADO”, desde el año de 1957 en nuestro  país.

Para el efecto  el  Congreso  y  el Gobierno Nacional  no tuvieron el  mas  mínimo respecto por lo que constituye  un  ACTO LEGISLATIVO en nuestra Constitución Política   para haber formulado y  tramitado  unas  OBJECIONES no procedentes, esto como si se tratara de una LEY ORDINARIA   frente  a esta  clase  de   actos,  así como    una  citación a  sesiones extraordinarias     violatorias de  la Constitución Nacional,  todo  frente  a  al opinión publica nacional, a los medios de comunicación y de cara al país, asunto  demostrativo de  las intenciones evidentes   de desconocer  la existencia de la   CONSTITUCION POLITICA, por encima de intereses  políticos  de gobierno los cuales si bien son importantes como  fundamento esencial de un Estado,  de la misma  forma  existe una CONSTITUCION  y  a la misma estamos sometidos  todos los ciudadanos, cualquiera sea el cargo o  dignidad  nacional que se represente, y mas aún tratándose del Presidente de la Republica y  del  Congreso  Nacional.

El gobierno  nacional  en un acto sin antecedentes en nuestro país, reto  a la rama  LEGISLATIVA a  desconocer  la  CONSTITUCION POLITICA, con el argumento de los “micos” integrados  a la misma,   en lugar  de buscar mecanismos legítimos existentes frente al acto legislativo; para el efecto formulo mediante un  extenso escrito (que el mismo Presidente  mandó a elaborar a sus asesores) unas  objeciones, haciendo relación a jurisprudencias que en nada se vinculaban con el caso concreto,  y haciendo  caso omiso a otras que efectivamente si  se relacionaban con el asunto tales como la  C-181- 2006  Y  C-222-1997;  todo estos hechos   han creado un estado de desconcierto, desconfianza, insolencia, tormento,   y desasosiego entre  quienes siempre  hemos  considerado  que  la   CONSTITUCION POLITICA esta por encima de los intereses populistas,  particulares, partidistas,  politiqueros y de  argumentos simplistas, decadentes y acabados  como  las  “ inconveniencias  de interés nacional”.

 

La presente situación  ha demostrado a todas luces  como el actual Gobierno  y el Congreso  han sido inferiores  al compromiso con la   ADMINISTRACION DE JUSTICIA,  sobre la cual se cierne en un estado de atraso postración y  abandono, donde campea la impunidad, la corrupción, la morosidad y la falta de  acceso del ciudadano,  donde existen cerca de   100 municipio en Colombia sin jueces, no hay infraestructura para poder  los funcionarios y  empleados ejercer sus labores,  donde  la sistematización es escasa y obsoleta  y el cumplimiento de los términos procesales  se volvió letra muerta;  fue  así  como  la Constitución del 91 creo un organismo sobre el cual  recaía  la responsabilidad de  sacar adelante la administración de justicia, al cual los  abogados  colombianos  le dimos nuestro apoyo  como es  el  Consejo Superior   de la Judicatura, entidad que a  la postre se ha dedicado esencialmente  a administrar y gerenciar dineros de la justicia, hacer nombramientos de funcionarios en  calidad de  “provisionales” , a perseguir y sancionar   12.000 abogados en su existencia, con un costo al erario de $23.500.000 por cada sanción,   y hacer contratos administrativos con terceros sobre los cuales  ahora se vienen a conocer  actos de ilegalidad realizados, los que  han dado origen a investigaciones, a los “carruseles  de las pensiones”, abandonando  así  las responsabilidades constitucionales que  se asignaron en beneficio de la administración de justicia  y cayendo absurdamente en un estado de descomposición y   burocratización  a  espaldas  de la problemática sobre la  cual se debate la rama judicial  ;  no obstante  es preocupante, extraño  y  sospechoso que dentro de la misma rama judicial existan organizaciones,  funcionarios y empleados  asiduos  defensores de esta, asunto que a la  postre la  REFORMA la suprimía  de un plumazo dada su ineficacia.

Como abogados  colombianos  nos  preocupa la situación creada  con el “hundimiento”  de la Reforma  a la Justicia, sobre la cual  teníamos  una profunda esperanza  de ser esta     el   inicio para  la modernización de la misma,  con el  compromiso  del Estado   para adelantar  planes y programas  efectivos que lograran sacar  del  estancamiento y  postración  en la  cual se encuentra  la administración de justicia;  y uno de estos puntos  era  la creación  de la   anhelada COLEGIATURA NACIONAL para  abogados  del   cual nuestro colegio  ha sido su  abanderado por cerca  de  50 años, tal como existe en la  mayoría de los países europeos y suramericanos;  este    acto   legislativo     como una  eventualidad posible   aún se encuentra pendiente de las diversas demandas formuladas al día de  hoy por  inconstitucionalidad ante  la  Corte  Constitucional  sobre  los  Decretos  proferidos por el  gobierno  para objetar  la misma y el haber convocado a secciones  extras al Congreso,  es decir  aún  se encuentra pendiente  de una instancia  constitucional definitiva,   decisión  la cual puede  cambiar  el rumo  de la situación planteada.

 

EL   hundimiento de la Reforma a la Justicia tiene ganadores     como el Consejo Superior  de la Judicatura    y altos funcionarios de las  Cortes,  quienes  nunca han aceptado se les  reforme,   toquen   o revoquen sus privilegios  así    la administración de justicia  siga navegando en aguas turbulentas, contaminadas y turbias,  en un estado de decadencia  como expresión de un  país   tercermundista y  subdesarrollado;   para estos  no importa  sino  los beneficios, prebendas,  favoritismos, fueros, sustentos y subvenciones que reciben  periódicamente,  por lo cual poco les interesa   como funciona  la administración de justicia, por igual  poco les significa  la protuberante  ineficiencia,   ineficacia,  morosidad, congestión, incumplimiento de términos,  y toda una serie de  complicadas  fallas de la que adolece   esta desde hace varios  lustros; inclusive dentro de los  debates antes y durante  la discusión del proyecto magistrados de las Cortes, se dedicaron a hacer una férrea defensa de la actual administración de justicia, de sus funcionarios  y   jueces,  según estos  en ultima instancia no se necesitaban reformas de ninguna índole, razón determinante  para concluir  que hubo “manos  sucias”  las cuales contaminaron y  desvirtuaran   el real contenido  y objeto  de la  reforma para que el acto legislativo no  hubiera sido una realidad, e inclusive  antes de terminar el tramite legislativo ya se  había comunicado por varios funcionarios  en diferentes conferencias de  las altas Cortes  que se estaban preparando  las acciones  de  inconstitucionalidad contra  al reforma;  luego los intereses que acompañaron a algunas instituciones y  altos  funcionarios  eran diferentes a la llevar  a efecto una  reforma   determinante  con mecanismos, propuestas y  soluciones  que convergieran   en  acto legislativo   integrador e interpretador   de  necesidades   de la  administración de justicia, en  beneficio del ciudadano que clama  acceso,  “pronta  y cumplida justicia”,   reclama un positivo  y  eficaz  servicio a la comunidad,  en la solución de sus problemas  de  orden legal, como único  medio de promover  la prosperidad general y garantizar  los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Queda  así como único perdedor  el ciudadano colombiano,  angustiado, abatido, agrietado, decepcionado, de  ver el espectáculo  dado por el señor Presidente  y el Congreso  del país, donde  dieron una demostración  efectiva  de lo poco  que interesa  la Constitución Política, creando así un estado de  zozobra  e inseguridad jurídica la cual tendrá efectos desbastadores  hacía el futuro del país;  como abogados  colombianos quedamos  en el convencimiento de la inoperancia  e ineficacia del  ejecutivo y del legislativo para  sacar una Reforma a la justicia asunto demostrativo  que pasaran décadas  para  que esta sea una realidad, y mientras  tanto la administración de justicia sigue  debatiendo en  un estado  de letargo  y precariedad pasmosas.

 

Quienes   somos  abogados en ejercicio en nuestro  país ya   por cerca   de  100.000 profesionales,  quienes a diario trajinamos   por  despachos y estrados  judiciales   hemos  venido recibiendo los  efectos  de una administración de justicia paquidérmica, lerda, rezagada, negligente,  la cual requiere de profundas  transformaciones, mediante una labor  programada, planeada y comprometida por el Estado; asunto que el presente panorama nacional  determina  un aciago futuro y una mas oscura y degradada   administración  de justicia, no existen metas y objetivos  para  llevar adelante tareas  y  proyectos  que indiquen  el inicio  de una acción  determinante por el Estado  para  dar  comienzo a un  compromiso  ni por  los mismos integrantes de la rama judicial, (Cortes, Tribunales, funcionarios), ni por el mismo gobierno nacional;  denunciamos esta  situación para convocar a  nivel nacional,  a los estamentos  del país para que seamos  consecuentes   con la situación  y  como parte integrante  de la comunidad  colombiana  afectados directamente por la crisis  de  la administración de justicia,  tomemos  como  parte  integrante  y “victimas”  de la  situación una solución  sobre una   convocatoria  de orden  nacional, así  sea necesario  como caso  extremo  ante  la inoperancia e impotencia  del Estado,  de  una CONSTITUYENTE   para  exclusivamente para  reformar  la justicia, la cual se encuentra creada  como mecanismo  constitucional.

 

Bogotá- Colombia,  julio  20  de  2012

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS-CONALBOS