DECRETO SOBRE INTERCEPTACION A LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA

DECRETO  1704 DE 2012 SOBRE INTERCEPTACIONES DE COMUNICACIONES A LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS 

 

Como  parte del debate político y de orden Constitucional  que se hace necesario dado el momento  actual  de orden internacional  sobre las INTERCEPTACIONES   en las  COMUNICACIONES,   EL COLEGIO  NACIONAL DE ABOGADOS- CONALBOS  publica  a la opinión pública  este  arbitrario   e inconstitucional DECRETO, que no es más sino  el ESPIONAJE DE ESTADO  sobre nuestra  propia  LIBERTAD,  donde la intimidad y la privacidad son objetivos  de la “seguridad”    en búsqueda de la  intimidación  frente al ciudadano  por  el  Estado.

Este Decreto inconstitucional por su   misma naturaleza  va en contravía del  artículo  15  de la C.P.N  “EN LA RECOLECCION TRATAMIENTO Y CIRCULACION DE DATOS SE RESPETARAN LA LIBERTAD  Y DEMAS GARANTIAS  CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCION. LA CORRESPONDENCIA  Y DEMAS FORMAS DE COMUNICACIÓN PRIVADAS SON INVIOLABLES. SOLO PUEDEN SER INTERCEPTADASO REGISTRADAS  MEDIANTE ORDEN JUDICIAL, EN LOS CASOS Y  CON LAS FORMALIDADES  QUE ESTABLEZCAN LA LEY”. 

El articulo  20 igualmente  prescribe que  “SE GARANTIZA  A TODA PERSONA LA LIBERTAD DE EXPRESAR  Y DIFUNDIR  SU PENSAMIENTO Y OPINIONES, LA DE INFORMAR Y RECIBIR  INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL Y DE FUNDAR MEDIOS MASIVOS DE INFORMACION”

 

 

                                          REPUBLICA DE   COLOMBIA

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

                             DECRETO  1704 DEL 15 DE AGOSTO DE 2012

 Por medio del cual se reglamenta el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, se deroga el Decreto 075 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

                          El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011.

                                               CONSIDERANDO

Que el Decreto 075 del 13 de enero de 2006 definió las obligaciones que le asisten a los operadores de servicios de telecomunicaciones en procura de optimizar la labor de investigación de los delitos por parte de las autoridades competentes, norma que requiere estar en consonancia con la legislación vigente.

Que de acuerdo con el numeral 10 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, el Estado intervendrá para imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de servicios y uso de infraestructura por razones de defensa nacional y seguridad pública.

Que conforme al artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, con el fin de buscar elementos probatorios, evidencia física y ubicación de imputados, indicados o condenados, el fiscal puede ordenar la interceptación de comunicaciones y son las autoridades competentes las encargadas de la operación técnica y del procesamiento de la misma, y todos los costos estarán a cargo de la autoridad que la ejecute.

Que el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 establece que cuando existan motivos razonablemente fundados para inferir que el indiciado o imputado está transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de telecomunicaciones ordenará la retención o recuperación de dicha información para su análisis y custodia, con el fin de obtener elementos probatorios y evidencia física o realizar la captura del imputado o condenado.

Que por consiguiente se requiere expedir disposiciones a  cumplirse por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con el objeto de apoyar de manera eficaz y oportuna la labor de interceptación de comunicaciones .que adelanten las autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto:

                                                               DECRETA

 ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICION DE INTERCEPTACION LEGAL DE COMUNICACIONES: La interceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología, es un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de investigación de los delitos que adelantan las autoridades y organismos competentes, en el marco de la Constitución y la Ley.

 ARTICULO SEGUNDO.-  DEBER DE   LOS  PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deberán implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes, para que los organismos con funciones permanentes de Policía Judicial cumplan, previa autorización del Fiscal General de la Nación o su delegado, con todas aquellas labores inherentes a la interceptación de las comunicaciones requeridas.

 Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán atender oportunamente los requerimientos de interceptación de comunicaciones que efectúe el Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el presente decreto y en el régimen legal vigente, para facilitar la labor de interceptación de los organismos permanentes de policía judicial.

 PARÁGRAFO.-El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá, en los casos en que lo estime necesario, definir las especificaciones técnicas de los puntos de conexión y del tipo de tráfico a interceptar e imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, mediante resoluciones de carácter general, modelos y condiciones técnicas y protocolos sistemáticos a seguir, para atender las solicitudes de interceptación que efectué el Fiscal General de la Nación.

ARTICULO TERCERO.-TRANSPORTE DE LA INFORMACION  La autoridad que ejecute la interceptación asumirá los costos de transporte de la información desde los puntos de conexión acordados con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones hasta el sitio que para tal fin se disponga.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adoptarán las medidas necesarias para que la interceptación y transporte de las comunicaciones se adelanten en condiciones óptimas, ágiles, oportunas y seguras.

 

ARTICULO CUARTO.- INFORMACION DE LOS SUSCRIPTORES: Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, una vez cumplidos los requisitos legales a que haya lugar, deberán suministrar a la Fiscalía General de la Nación o demás autoridades competentes, a través del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso, los datos del suscriptor, tales como identidad, dirección de facturación y tipo de conexión. Esta información debe entregarse en forma inmediata.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán mantener actualizada la información de sus suscriptores y conservarla por el término de cinco años.

 

ARTICULO QUINTO.-  INFORMACION DE UBICACIÓN: Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, siempre que así se requiera para efectos propios de la interceptación de comunicaciones, deberán suministrar a la Fiscalía General de la Nación, a través de los organismos con funciones permanentes de policía judicial, la información específica contenida en sus bases de datos, tal como sectores, coordenadas geográficas y potencia, entre otras, que contribuya a determinar la ubicación geográfica de los equipos terminales o dispositivos que intervienen en la comunicación. Esta información deberá suministrarse en línea o en tiempo real en los casos que así se requiera.

 

ARTICULO SEXTO.- CONFIDENCIALIDAD: Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y aquellos que ejerzan funciones de Policía Judicial que tengan acceso a cualquier tipo de información o datos con ocasión o en ejercicio de sus funciones o participen en actividades relacionadas con la interceptación de comunicaciones, se obligan a garantizar la reserva de los datos y la confidencialidad de la información, so pena de las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

 

ARTICULO SÉPTIMO.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE SANCIONES E INFRACCIONES: A los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que incumplan con las disposiciones previstas en el presente decreto se les aplicará el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas reglamentarias y concordantes, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades de índole administrativa y penal.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro del marco de las competencias asignadas por la Ley, ejercerá labores de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente decreto.

ARTICULO OCTAVO.-VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 075 de 2006 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y  CÚMPLASE Dado en Bogotá, a los 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

 

 RUTH STELLA CORREA PALACIO

 MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

 JUAN CARLOS  PINZON  BUENO

 MINISTRO DE DEFENSA

 DIEGO MOLANO VEGA

 MINISTRO DE TECNOLOGIA DE LA  INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES