Denuncia ante el Fiscal General de la Nación sobre delegados y asesores de Colombia ante la Haya

cropped-logoweb2.png

Medellín, noviembre  22  de  2012.

DOCTOR:

EDUARDO MONTEALGRE LYNETT

FISCAL GENERAL DE LA  NACION

BOGOTA

E.                          S.                   D.

 

ASUNTO: DERECHO DE PETICION  SOBRE UNA INVESTIGACION

 

RODRIGO ARRUBLA CANO,  en calidad de Presidente Nacional  de la  CORPORACION   COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS- CONALBOS,  y en mi  nombre propio como ciudadano colombiano y   abogado en ejercicio, identificado como aparece  al pie de mi firma,   por medio del presente escrito y  con fundamento en el artículo 23  de la  Constitución Política Nacional, formulo el siguiente  DERECHO DE PETICION, con la finalidad  de que se abra  una  investigación de orden penal  sobre los denominados  ASESORES o REPRESENTANTES, colombianos quienes actuaron dentro del litigio con el hermano país  de NICARAGUA   ante la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA.

 

HECHOS:

Como es de conocimiento publico  el día  19  de  noviembre pasado la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA  profirió  una   negativa y fatal    SENTENCIA  sobre el problema  limítrofe con   el  país  vecino de  NICARAGUA,

donde se hizo una labor  de defensa de nuestros  intereses por  varios expertos   asesores nombrados por diferentes   gobiernos colombianos quienes por  cerca de once años  tuvieron a cargo la obligación legal  de representar  los intereses del país ante  esta entidad  de orden internacional.

 

Para el efecto estos  calificados asesores tuvieron  un vínculo con el  Estado  colombiano  como apoderados legales  para representar los intereses nuestros,  respaldados en la defensa  de  los derechos  que  asisten a Colombia  y por igual  asumieron  una obligación  profesional de dar  cumplimiento en forma estricta, seria, integral, eficiente y eficaz a su gestión    en cuanto estaba  en  juego los derechos de todos los ciudadanos colombianos sobre nuestro territorio  y soberanía  e inclusive los intereses  de las futuras generaciones.

 

Se conoce muy poco ante la opinión publica,  por decir nada de la  gestión y  actividad   profesional realizada por estos,  no obstante  debió haber sido una  labor de conocimiento publico  donde  los colombianos  tuviéramos  el suficiente conocimiento de como  se llevaba  la defensa de nuestros propios intereses, se debió haber conocido  con antelación  desde el primer momento en la  forma  como fueron vinculados laboralmente para  esta  representación, hasta  la cuantía  completa    del valor de sus honorarios,  gastos de representación y todo tipo de emolumentos  cancelados por el erario publico,  igualmente saber   a que se comprometían y las responsabilidades que asumían como apoderados.

 

Por ello se  hace necesario  investigar por este medio  para determinar  los   elementos esenciales que integraron la respectiva acción legal interpuesta  por  NICARAGUA  y  la defensa  respectiva realizada por  COLOMBIA,   elementos

fundamentales  como   respuesta  legal  a la demanda, las excepciones propuestas,  las solicitudes de pruebas,  los recursos formulados, la argumentación jurídica probatoria,  el  sustento de orden legal de sus peticiones,    las respuestas escritas y documentarias, los análisis  del  material  normativo internacional, los conceptos doctrinarios  expuestos ,  los fundamentos facticos y de derecho, la solicitud de pruebas, las pruebas allegadas, los análisis probatorios,  el acervo documentario  histórico, los alegatos  formulados, los  recursos presentados y los dejados de presentar en la oportunidad procesal;  toda la gestión completa  y detallada  realizada dentro de las audiencias practicadas,  y todo lo   cumplido y llevado   a efecto por intermedio de  estos asesores  ante  la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  de la  HAYA, en cuanto ha sido únicamente  los respectivos gobiernos, anteriores y actuales quienes  han tenido el conocimiento privilegiado y  estricto de este asunto, luego son únicamente los asesores y  los gobiernos respectivos  de estos últimos años, quienes han tenido acceso al proceso y  a la forma  como se gestiono, impulso y consolidó la  deficiente y  lamentable defensa de los intereses de nuestro  país, asunto que por demás no deja de ser hechos  preocupantes y  faltos de seriedad pues esto ha sido un asunto tramitado a espaldas de la opinión publica  y de la misma administración de justicia,  incluyendo las altas Cortes, la misma Procuraduría  General  de la Nación y la Contraloría General de la Nación.

 

En tal sentido  se ha convertido este delicado asunto   en un   “ SECRETO  DE   ESTADO”   incluyendo  toda  la actuación realizada por los asesores o apoderados  de Colombia,  ante  la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  de  la  HAYA,  y  lo único cierto y concreto es la existencia de una preocupante   y deplorable SENTENCIA  ya  ejecutoriada, dada a conocer en todos los medios de comunicación

 

y por el gobierno  nacional  donde Colombia  ha perdido en forma  absurda e  inexplicable  cerca del 75%  de los derechos que le asistían  dentro del mar territorial

 

limítrofe  con  Nicaragua,  asunto que pone a nuestro  país en una situación  compleja  en cuanto  nos encontramos  con la obligación perentoria, inaplazable   de dar cumplimiento estricto  a este  fallo.

 

En este sentido  se hace necesario  y urgente  por todas las autoridades colombianas competentes,    hacer una investigación seria  y  determinante, para  lograr conocer en forma  completa la responsabilidad que le asiste  a los asesores que en su momento  representaron a   Colombia, pues no se  trata simplemente  de acatar o rechazar el precitado fallo,   con todas las consecuencias políticas  que este contiene,  sino  exigir responsabilidades  de orden administrativo, civil o  penal  a que hubiere lugar, frente a quienes tenían el deber legal y constitucional de hacer una digna defensa, integral y  revestida de la mas alta calidad, dado el alto   e histórico honor que representa llevar la  delegación de un país como el nuestro,  la cual debió  en su momento  interpretar   el  mas estricto cumplimiento de los deberes  como  ciudadanos investidos de un grado de responsabilidad  de  suyo complicado, arduo, difícil  y  delicado, pero igualmente digno.

 

En Colombia  existe  una normatividad rigurosa  y completa  donde el  ABOGADO  al cual se le delega un mandato   debe de asumir sus responsabilidades con la más

exigente y determinante responsabilidad,  donde  responde  dentro su gestión  por la conducta  tanto en su orden penal, disciplinario o  civil según se trate,  inclusive   hasta   con la  exclusión de  la profesión, y mas cuando  representa intereses de orden patrimonial  que se vean   perjudicados por la falta de interés, negligencia o

algún motivo de culpa o dolo, y con mayor  razón de orden legal y  constitucional  cuando se trata  de funcionarios  investidos de un  poder especial para  representar  a nuestro país ante una entidad  del orden Internacional.

 

Pero sucede señor  FISCAL GENERAL DE LA NACION que estos respetables y  honorables señores asesores a cargo de tan  histórica labor encabezados por el DR. JULIO LONDOÑO PAREDES, gozaron  de todas las facultades, garantías, medios, confianza  y apoyo nacional  a su servicio,  para haber llevado a efecto una digna  defensa de nuestros intereses   lo cual  debió haber  concluido  a  que se profiriera una  providencia  por lo menos  que interpretara  positivamente  y de forma digna    los derechos que asistían  a nuestro país frente  a las reclamaciones  de la contraparte, pues no es justo señor  FISCAL GENERAL DE LA  NACION  que  un fallo de orden internacional  sea tan protuberante, letal  y fatal  en determinar  que Colombia  no le asistía derechos  sobre el mar territorial  cuando venía ejerciendo estos desde 1928, asunto que deja  muchos interrogantes  de cómo se llevo a efecto la defensa de nuestros intereses por los asesores,  y si estos  respetados señores apoderados  cumplieron a cabalidad  la  labor encomendada  o por lo contrario  asumieron una conducta  negligente,  ineficiente, inoportuna, incompleta, indiferente, retardataria,  inocua, precaria  y por decir lo menos protuberantemente  dañina.

En nuestro sentir señor FISCAL GENERAL DE LA NACION,   se debe abrir una  investigación de orden penal  para analizar seriamente dada la competencia Constitucional que le asiste,  la conducta  realizada por todos los asesores que Colombia tuvo durante el lapso de tiempo  en el cual se llevó a efecto esta precaria,  perjudicial   e ineficaz defensa de los derechos de Colombia  dentro de la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  DE LA HAYA, para determinar   con toda certeza  si  existe una responsabilidad   de orden penal,   pues no pueden las autoridades

colombianas competentes  limitarse  al lanzar toda clase de improperios, lamentos  y  sindicaciones contra el fallo proferido, sin auscultar  si  la defensa por intermedio de sus apoderados cumplió en  forma seria, responsable, eficaz y eficiente  con la labor  de un representar  dignamente un país  a lo cual  estaban obligados.

 

Sea  esta la oportunidad por medio de la  investigación que se solicita, para determinar  si las normas del  CODIGO PENAL   en su  TITULO XVII DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO, CAPITULO PRIMERO DELITOS DE TRAICION A LA PATRIA,   y especialmente  el articulo 455 y   457  de este estatuto u otra norma nacional o internacional  sobre el mismo  asunto han sido violadas  por los asesores colombianos  durante el tramite  del proceso o por  otros funcionarios  de los anteriores gobiernos o del actual.

 

PETICION

Para el efecto con fundamento en el artículo  23  de la  C.P.N.  solicitamos  señor  FISCAL GENERAL DE LA NACION  se abra una investigación de orden penal  completa, profunda, integra, seria y determinante,   sobre toda la actuación realizada por estos respetados  asesores colombianos que participaron en el precitado proceso,  para que se  concluya  con toda precisión y claridad  si la gestión   realizada  con las lamentables consecuencias que ya son conocidas para nuestro país, cruzó  las fronteras del  DERECHO PENAL  COLOMBIANO actual y proceder  como en efecto se debe a sancionar  a quienes la hayan  trasgredido.

Para el efecto  señor FISCAL GENERAL DE LA NACION solicitamos asumir su despacho en forma personal y directa esta investigación mediante  una  UNIDAD  ESPECIAL DE FISCALES  de las más altas calidades tal como existen

 

suficientemente   en su  institución,  esto  fundamentado  en  todas las facultades  de orden legal y Constitucional de las cuales usted se encuentra investido.

DIRECCION:

Carrera 80  No.  39-157  of.  613. Ed. Centro Ejecutivo Nutibara- Medellín, teléfono 3176681409, EMAIL: rarrubla@gmail.com

Cordialmente:

 

RODRIGO ARRUBLA CANO

Presidente  Nacional – CONALBOS

T.P.  19.166 C.S.J.

C. 8.306.753