EL ARANCEL JUDICIAL O EL OCASO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA – LEY 1653 DE 2013.

EL  ARANCEL  JUDICIAL O EL OCASO DE LA  ADMINISTRACION DE JUSTICIA –  LEY 1653  DE  2013.
La nueva ley  sobre el  ARANCEL JUDICIAL,  emitida por el  Congreso  en días resientes  no es más sino la interpretación y  determinación del Estado colombiano de encausar  dentro de  una  política de   decadencia y  miseria   a la administración de justicia,  esta  ley  define  contribuciones  por parte del ciudadano para el sostenimiento  de la función  del servicio público de la justicia,  como  condición para    acceder  a la misma,   pagar  previamente   para poner en  aplicación   el ejercicio  público  de la justicia  en los procesos  judiciales,   tasa  o imposición tributaria orientada  a    estrechar   y  cercar  el marco  sobre el cual el ciudadano colombiano    accede a despachos y tribunales en búsqueda  de  la protección y exigencia de   sus derechos constitucionales y legales.
El arancel  como política de Estado.
Se hace  indispensable para   denunciar   ante la opinión pública nacional, al gremio de abogados, y  a la misma administración de justicia,  el concepto   sobre  el cual el Estado colombiano  viene  identificando  este servicio público, en cuanto este punto de inflexión  nos  va llevar  a concluir  el concepto de  miseria  sobre el cual  se   mueve dentro de  un mar  de  intensas tormentas    este servicio público  dentro de   una  de la tres ramas del poder (poder judicial)   sobre la  cual  el Estado   siempre  ha  pretendido desde hace varios años que el ciudadano     para    solicitar   y  exigir  su derechos   pague  por el servicio,   so pena de no  ser oído o de no poder acceder a este.
Esta forma  de   señalar    lo que  constituye  y comprende  la  integración  de  la  administración de justicia, no es sino  un concepto  “arcaico” y   “jurásico”  sobre esta rama del poder público,    en cuanto  es  parcelar, privilegiar  y elitizar  un servicio    donde el  ciudadano    requiere acceder     ante el    único poder público  que cumple  con  la  protección  y garantías para  el ejercicio de  los derechos del ciudadano;  luego limitar   su acceso es  suprimir   medios  de los cuales  de  vale   para  instaurar las   acciones  de orden legal  frente   a la violación de  sus derechos, o acciones legales sobre la  controversia  en sus  relaciones  comerciales,  civiles  e inclusive para entablar  acciones  indemnizatorias sobre  los mismos actos arbitrarios y de abuso de poder  de los funcionarios  del  Estado.
En este punto y como contribución  al debate sobre  la ley,    nos  parece que este elemento es esencial para concluir que estamos ante una eminente concepción regresiva sobre la política  pública  de Estado   de lo que constituye una administración de justicia, dentro de un Estado de Derecho.
Es  decir  aquí la situación se   pone  compleja, dentro de una concepción  política,   en cuanto  no solo se está limitando el acceso de la justicia a  los ciudadanos  más necesitados  especialmente,    sino por igual  se  está  creando una política de  Estado que va a conllevar  a “privilegiar”  la solución  judicial de los conflictos  en cuanto  el arancel es parte de un todo contexto de medios y  formas  que se están materializando  cuya tendencia   determina     que el Estado   está “elitizando”    el servicio  de la administración de justicia en favor  de las  personas naturales o jurídicas  de mayor  ingresos económicos  quienes aportaran de lógica  en los procesos judiciales mayor contribución, en esta caso muy especialmente  bancos y entidades financieras.
Por decir lo menos  el Estado tiende  como  objetico frente  al PODER JUDICIAL   buscar  entrar  dentro de una clara política donde  se  abra  un surco amplio y  cenagoso, que va a comprometer  el  ACCESO A LA JUSTICIA,  en cuanto   en un término  más cercano que lejano  los despachos judiciales funcionarán únicamente  donde los ciudadanos  paguen más   por poner  el  sostenimiento del  aparato judicial, y a quienes más  contribuyan   tendrán  privilegios y preferencias  en los estrados judiciales;   podría ser  tan perjudicial esta política de  Estado  que  se podría   esperar  la  creación  de  despachos  judiciales  “con arancel”   y despachos judiciales  “sin  arancel”,  para  el efecto se identificaran  como  jueces  para  asuntos de  “segunda categoría” (jueces de  amparo de pobreza)    y jueces de “primera categoría”  para altos y medianos contribuyentes.
Para el efecto dice la  LEY  1653  de 2013  en su artículo 8, PARAGRAFO  1.
“LAS SUMAS PAGADAS POR CONCEPTO DE ARANCEL  SERAN OBJETO DE DEVOLUCION AL  DEMANDANTE, EN EL EVENTO  EN QUE EL JUEZ DE UNICA, PRIMERA O SEGUNDA  INTANCIA, NO CUMPLA  CON  LOS TERMINOS  PROCESALES  FIJADOS EN LA LEY  EN RELACION  CON LA DURACION MAXIMA DE LOS PROCESOS  DE CONPORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PROCESALES”
 Significando en términos claros y evidentes que el juez de conocimiento deber  guardar cumplimiento estricto  sobre procesos que de una u otra forma  paguen  el ARANCEL JUDICIAL  so pena de devolución  del mismo;  asunto  que no es más sino la identidad  de  la política planteada con este entuerto,  significando a contrario sensu   la ausencia  de medidas  sobre el funcionario  cuando no cumple  los términos  frente   quien no paga  ARANCEL.  Esta  situación absurda  y bufonesca  va a crear en consecuencia un trato procesalmente preferencial   donde se cancela  arancel  y frente  aquellos  procesos  cuyo pago no se realiza por no estar obligados,  con detrimento evidente  para el efecto,    sobre   los  DERECHOS  fundamentales  DE IGUALDAD y del ACCESO A LA JUSTICIA.
Los  Jueces y el   Arancel
Llevaría  esta situación a  abrir  espacio  a la política   de  ser los  jueces   del PODER JUDICIAL calificados en su gestión,   no por su calidad profesional, sino por   la capacidad  de recaudar dineros en beneficio del Estado;  es decir un  juez   que en el año  recaude  dentro de su despacho  100 millones,    frente otro que recaude   500 millones  es un juez  incompetente y poco productivo, lo que exige  calificarlo  con menos puntaje como funcionario;    ahí  la degradación  y miseria  a lo cual se pude llevar  por la creación de un  ARANCEL JUDICIAL,  asunto  de por si políticamente  funesto  para la administraciones  justicia;   y  sobre advertir  el control  diario  que va a tener el funcionario  sobre cada peso que el despacho ingrese por esta contribución, donde  se convertirá  el despacho judicial,  más que una oficina para administrar justicia, en una oficina de recaudación tributaria  o dependencia de la  DIAN.
El  funcionario público colombiano deberá comprender   a  lo  que   va a ver sometido como política de Estado,  pudiéndose llegar  a  señalarse   que el juez  se le  cancele   sus salario  y prestaciones  con un  porcentaje de la que produzca   el   ARANCEL , (  asunto que se da en principio como respuesta  a la descongestión) significando que  si  hay   fondos  públicos por   ARANCEL  habrá políticas  de  “descongestión”, de “modernización”  y de “bienestar”,  en consecuencia   jueces de descongestión,  lo que     significa la decadencia  de la  administración de justicia  pues es  someter las políticas  de la eficiencia y eficacia  de un servicio público  al pago y existencia de  fondos económicos y financieros  producto   del ARANCEL,    llevando incluso  al  juez   a  crear mecanismos  y  malabares administrativos  ante las oficinas  de “apoyo judicial” para que   asignen  a su despacho   procesos  cuya pretensión  económica  sea  alta, y así  ser mejor  calificado  por  el superior.
Para el  efecto prescribe  el  artículo  3  de la precitada  LEY:
“EL ARANCEL JUDICIAL SE CAUSA A FAVOR   DEL CONSEJO SUPERIOR  DE LA JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION JUDICIAL, O QUIEN HAGA SUS VECES, CON DESTINO AL FONDO PARA LA MODERNIZACION, DESCONGESTION Y  BIENESTAR DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”
 
Arancel     y congestión judicial
De la misma forma como explicar   si  el ARANCEL JUDICIAL  se dirige   como la misma norma lo identifica  orientado   a las políticas de “DESCONGESTION Y MODERNIZACION”  por cual motivo no es una contribución  temporal, sino  un impuesto de carácter permanente?  ¿Acaso lo que se pretende no es más que elitizar y privilegiar  la  administración de justicia? ¿O es que el estado pretende mantener  siempre los despachos judiciales en preocupante  congestión  y morosidad  para que no se  agote  el recaudo   del ARANCEL JUDICIAL? ¿Si la descongestión  y modernización  cumple con sus metas y la justicia se pone al día   como debe ser la administración de justicia en un Estado de Derecho,  cómo se pretende seguir cobrando ARANCEL en forma permanente y continúa? ¿Acaso lo que se pretende no es más sino darle un giro al ACCESO  A LA JUSTICIA, para   buscar  privilegiar  y  desdibujar  su contenido y expresión  constitucional. Mírese  para este efecto la “reparación integral” en materia penal, ya es un hecho que quien delinque y pague los perjuicios a la víctima,  le queda acogerse a sentencia anticipada y  no  cumple con un  solo día de reclusión;   de idéntica forma  en materia penal  ya existen en Colombia cárceles con privilegios políticos  como los centros donde se  aloja  con la calidad de procesados a la clase política corrupta de este país,  donde se alojan con la calidad  de condenados  por igual  a cierto grado de altos militares, quienes tienen todos los privilegios que les da la misma  guarnición militar, donde  llevaron a efectos  su actividades   ilegales.
Elitizacion  en la justicia.
Estos  ubica  en una  situación   la   administración de justicia  con instinto de “privilegios”    llevada  a las puertas de los procesos judiciales  en las áreas civil, comercial y administrativa,  donde  se  obliga al pago  del  1.5%  sobre la pretensión, y en tres o cinco años   puede serlo en un   10%,  asunto que no tiene  sustento  de orden  constitucional  así la Corte Constitucional la haya  aceptado en algunos  conceptos;   pero para quienes  entendemos y comprendemos la  hermenéutica  jurídica , solo nos queda manifestar  que esto no es sino  la expresión de la “elitizacion”   de la administración de justicia;   donde  se  crean    políticas   y       mecanismos de presión  contra el mismo funcionario por parte  de quien paga  porque le administren justicia, entendido  en principio  para  el cumplimiento de términos o para  la  expedición de   un fallo o una providencia  con el argumento  del  ciudadano   del  pago por “adelantado” para que  se le aplique  justicia  pronta,  y por lo tanto puede  argumentar este  ante los despachos  que   la misma ley  de arancel  le otorga preferencias.
Esto se expresa en un hecho más  oscuros  y preocupante como es  el de  determinar  el manejo  financiero  que se va a dar a estos bastos  dineros, que por decir  los menos   se pueden constituir  en  una  “millonada”, en cuanto en Colombia, entran a los despachos  cientos  de  procesos en forma  diaria   y no va a existir un mecanismo de control  para ejecutar y direccionar  estos ingresos, así la misma ley exprese   que son únicamente  para “descongestionar y modernizar  la administración de  justicia”  la cual    sea dicha es la sexta más morosa del planeta.
En  este  sentido   no se puede   buscar  que se identifique   a la administraciones justicia y   la existencia de  arancel con  los mecanismos alternativos  como  la CONCILIACION;  este  argumentos no tiene  sentido, en cuanto  en Colombia  no existe   “cultura de conciliación”  ni “políticas de  conciliación”  ni siquiera  en los mismos actos  y ejercicio de los  gobiernos;  mírese como   se silencia  la protesta   de   diferentes sectores de la sociedad, donde el gobierno muestra su   intransigencia    frente  a la reivindicaciones  sociales  de la comunidad, y  en lugar de acudir   a los mecanismos de  solución  de conflictos    arremete con  la fuerza pública  para apaciguar   y atemorizar   a la comunidad.
Determínese  de igual forma  la llamada “justicia arbitral”, que la verdad sea dicha  esta si funciona  en el Colombia, pues está sometida  términos perentorios, y  a  tramites  alejados de la burocracia y  tramitomanía,  donde es   más  viable la aplicación de  la norma sustancial  por encima de la forma,   a más de la calidad de los árbitros y de  la  de misma formación  de  los profesionales  del derecho que acuden a estas instancias.
En esta  dirección del análisis  debemos concluir que el ARANCEL JUDICIAL es el primer paso para  encausar  la justicia por un  camino agreste y sinuoso de  privatización    y privilegios   de la justicia,  esto corroborado por la misma norma  que hace referencia  a la “devolución” del arancel, cuando el juez  de primera o segunda instancia no cumple con los términos, norma de por si grotesca y  extraña a nuestra legislación y   norma  propia de legislaciones decadentes y  “tercermundistas”.
Estamos asistiendo al principio de una política de Estado  de sostenimiento y financiación por el ciudadano de la administración de justicia.
RODRIGO ARRUBLA CANO
Presidente Nacional – CONALBOS