RECHAZAMOS INTIMIDACION CONTRA ABOGADOS POR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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RECHAZAMOS SANCIONES  INTIMIDATORIAS DE  JUECES COLOMBIANOS CONTRA  ABOGADOS  EN EJERCICIO  POR EL  USO  LEGITIMO  DEL DERECHO DE DEFENSA  – CASO ABOGADO JAIME LOMBANA.

 

“LOS GOBIERNOS GARANTIZARAN QUE LOS ABOGADOS PUEDAN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PROFESIONALES, SIN INTIMIDACIONES, OBSTACULOS, ACOSOS O INTERFERENCIAS INDEBIDAS” (articulo 16, Principios  Básicos sobre la Función de los Abogados)

Con preocupante incertidumbre, hemos podido asistir a un acto bochornoso, indeseable y oscuro de la  administración de justicia, en relación  con la aplicación  arbitraria de  las facultades disciplinarias  de las cuales  se encuentra investido un juez de la republica, y mas concretamente  en forma  por demás paradójico un JUEZ   PENAL DEL CIRCUITO  quien aplica las garantías en materia penal   esta situación  vergonzosa  se presenta por las mismas facultades que  la  LEY  le otorga al  funcionario competente para sancionar  disciplinariamente   a las partes dentro del proceso, asunto que por decir lo menos  tiene  como función esencial  buscar el cumplimiento de los deberes de quienes  participan dentro de un proceso judicial   bien como parte, bien como apoderados, y evitar  así dentro del mismo el entorpecimiento del normal  desarrollo del proceso, pero por igual estas facultades tienen su limite constitucional y el juez  no puede  ejercerlas aplicarlas y ponerlas en ejecución  sin  valorar   e interpretar  con  toda justicia y equidad el hecho sucedido, sus connotaciones, derivaciones y procedimientos ponen  en peligro la  libertad  del  ejercicio profesional del abogado  en Colombia   y las garantías que  el defensor  tiene  como tal;  valga decir el funcionario no puede  sin  limite alguno expandirse en sanciones, intimidaciones  y  represiones, sin desconocer  los derechos  que amparan   el ejercicio profesional del abogado y menos   sin detallar  la  proporcionalidad y racionabilidad  de su decisión.

Hacemos  referencia concreta a   la situación  con el abogado JAIME LOMBANA,  sobre quien  solo nos vincula  la calidad de colega,   y no existe  ningún otro vinculo institucional o personal;  esto para concluir  que un  defensor  dentro de un proceso judicial   y cualquiera sea el abogado   que ejerza esta misión histórica  de la defensa  de un ciudadano, debe  gozar íntegramente de elementales  garantías, no solo profesionales, sino  personales;  por lo cual,  cualquier acto de degradación, menoscabo, vilipendio  o mutilación del espacio  de gestión  sobre la cual se ejerce  la actividad profesional, viola en principio del  DERECHO DE DEFENSA al verse esta reprimida, sancionada y sometida  a la arbitrariedad del funcionario  con   sanciones  disciplinarias   que  solo buscan intimidar, rebajar  o fraccionar  los elementos estructurales de orden  constitucional  sobre  las garantías para ejercicio  profesional del abogado.

Para  el efecto  una sanción de   detención o reclusión  intramuros como la aplicada para un DEFENSOR-ABOGADO,  derivada  de sus  gestiones profesionales   en  asuntos  penales,  civiles, o administrativas  se constituye en una sanción arbitraria, vulgar, intimidatoria y a todas luces   opresiva, provocadora y acosadora,  violatoria  de los  Principios Básicos de la Función  de los  Abogados,   esto con  el agravante social,  en  cuanto  se constituye  en una  publica degradación profesional el abogado  sancionado, el cual queda incurso con una imagen personal  a todas luces  difamadora   y  humillante.

No entramos en hacer análisis precisos  de los hechos  que dieron lugar  a la sanción, en cuanto no es  de nuestra competencia  adentrarnos en esta materia, hacemos relación al hecho  de la sanción-detención  que  por lógica es exagerada, desproporcionada y por decir lo menos interpreta un claro abuso de poder frente  a un  defensor   cuya tarea y  actividad se encuentra única y exclusivamente vinculada  al ejercicio profesional del abogado.

En este punto con mayor  énfasis,  rechazamos  la sanción aplicada  al  abogado  JAIME LOMBANA, pues es evidente  que se pone  en jaque  la actividad profesional del defensor en Colombia, y la del abogado mismo  quien  debe ejercer la actividad profesional  de manera libre y  sin presiones;   exponiéndonos  en consecuencia al  hacer  carrera esta decisión inquisitorial,    bajo el pretexto  de incumplimiento de deberes y  bajo la interpretación unilateral y  subjetiva de un juez de la republica,  de sancionar  a cualquier abogado y en cualquier momento  y  ponerlo  en calabozo    por  48  horas o mas, tal como  en la época nefasta y horrible  de la edad media.

Los  abogados  de Colombia nos declaramos indignados con estas decisiones  que atentan contra  la legítima libertad  en el ejercicio profesional del abogado.

Bogotá, Marzo 10  de  2014.

JUNTA  DIRECTIVA  NACIONAL